Todos a la cárcel con estas autoridades.

Ayer, multitud de emisoras comunitarias del Estado español publicábamos la noticia de que el PP iba a aprobar en el Consejo de Ministros de mañana viernes el decreto que regula y legaliza la situación de los proyectos sociales de comunicación.

Esperando la comprensión de nuestra audiencia, nuestra intención era llamar la atención sobre la flagrante situación que viven los medios comunitarios en el Estado español por culpa de sus autoridades y administraciones. Para esta campaña, los participantes en la Red de Medios Comunitarios (ReMC) desde su Comisión de Comunicación unificaron la versión de la noticia que íbamos a dar y además, dentro de nuestros propios medios locales comunitarios y simpatizantes, muy pocos estaban al tanto de la “inocentada”, puesto que nuestra intención era darle la mayor difusión posible en las redes sociales, y que esta difusión fuera espontánea, emanada de la sorpresa de la gente por la noticia.

Desde aquí queremos felicitar a todos los compañeros y compañeras de la Comisión de Comunicación de la ReMC por el esfuerzo que llevan haciendo desde hace más de una semana para que esta campaña saliera adelante.

La triste verdad en el Estado español referente a los medios comunitarios no es la que contábamos ayer. La verdad (y esto sí que no es una inocentada), es que mientras que la ONU, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y numerosas recomendaciones de organismos internacionales protegen y reconocen la legalidad de este tipo de medios de comunicación participativos, pero en nuestro Estado estas recomendaciones han sido ampliamente ignoradas por los poderes fácticos durante 30 años.

Lo cierto, también, es que aunque la actual Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) permite el acceso a licencias de emisión, en la práctica no existe la posibilidad legal de acceder a ellas, circunstancia que hace que estos proyectos sociales se arriesguen a cierres o multas de hasta 120.000 euros. En la actualidad hay varias emisoras en el Estado en esta situación al filo de la navaja. Aunque la ley dice que deben darnos licencias, las administraciones no cumplen la ley.

Tampoco cumplen las administraciones el artículo 4 de la LGCA, que dice que Todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad“.

Actualmente, las comunidades autónomas están repartiendo emisoras de radio y televisión sólo de carácter comercial. No existe una reserva del dial, mientras que en países como Argentina, Uruguay y Ecuador se reserva un 33% del mismo para la emisión de los medios comunitarios.

No sólo eso, sino que la LGCA obligaba al gobierno español a hacer un reglamento sobre medios comunitarios antes del 30 de mayo de 2011. El Ministerio de Industria socialista elaboró un texto en 2010, pero no lo ha tramitado. Nuevamente, las administraciones incumplen la ley.

En conversaciones de representantes de medios comunitarios con el gobierno, este último afirmaba que nuestras emisoras podrán emitir con un máximo de 25W (100 veces menos que las comerciales) y que sólo puede haber un medio comunitario por localidad. Si hay varias asociaciones interesadas tendrán que competir, además de pagar las mismas tasas que las emisoras comerciales aunque no tengan ánimo de lucro ni reparto de beneficios capitalista.

Tampoco existe ningún fondo de ayuda económica. No se recoge ninguna medida de apoyo ni de subvenciones. El decreto catalán sí que dicta esta posibilidad, pero no la aplica.

La obligación del subtitulado, que están ampliamente incumpliendo las televisiones comerciales, supone un gasto extra para las televisiones comunitarias dentro de su ya precaria situación de existencia.

Por último, las entidades de gestión llevan años presionando a las emisoras para que paguen una tasa, que en muchos casos es similar o incluso mayor, inexplicablemente, que el presupuesto de funcionamiento de la emisora. Muchas emisoras han sido denunciadas para que abonen las tasas que imponen estas entidades de gestión.

Por todo esto, en el pasado Día de los Inocentes decidimos hacer una llamada de atención a nuestros oyentes, lectores, simpatizantes, compañeras y compañeros de emisora y ciudadanía en general. Porque los que desde luego no son nada inocentes e incumplen sistemáticamente la ley, como hemos podido observar, son los poderes políticos.

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